En estos meses, políticos de todos los colores han tomado medidas contrarias a lo que dicta el sentido común y lo que clamaban los trabajadores sanitarios. Nos han aplicado, como vienen haciendo desde hace años, la medicina equivocada. No se ha potenciado la atención primaria, ni los laboratorios, ni las UCIs. No se han contratado los rastreadores necesarios, ni se han incrementado las, ya de por sí, escuálidas plantillas. Los miles de millones de euros, extraídos de nuestros impuestos y repartidos entre las diferentes administraciones sanitarias no han servido nada más que para llenar los bolsillos de las empresas y personajes que llevan años esquilmando la sanidad. Todo legal gracias a que unos ejecutan las medidas que llevan al desmantelamiento y al colapso de los dispositivos sanitarios, y otros las permiten al mantener el entramado legal. Sin embargo, los sectores más dinámicos han estallado en barrios y pueblos.
