Manifiesto ¡NO al TTIP! Las personas, el medio ambiente y la democracia
antes que los beneficios y los derechos de las corporaciones
Manifiesto
1 . ¿Quiénes somos?
Somos una campaña formada por organizaciones de la sociedad
civil que comparten una profunda preocupación por las diversas amenazas que
plantean el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (Transatlantic Trade
and Investment Partnership – TTIP , por sus siglas en inglés, también conocido
como Tratado de Libre Comercio Transatlántico o TAFTA) y el acuerdo con Canada
(Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA). Representamos intereses
públicos muy diversos, incluyendo la protección del medio ambiente, la salud
pública, la agricultura, los derechos de lo/as consumidore/as y la protección de
las normas alimentarias y agrícolas, las normas sociales y laborales, los
derechos de las personas trabajadoras, los derechos de las mujeres y la lucha
contra la dominación patriarcal, el acceso público a la información y los
derechos digitales y la defensa de los servicios públicos esenciales como la
educación y el control público y social de los sistemas financieros, el
bienestar animal, entre otros.
Tenemos el firme compromiso de rechazar las actuales
negociaciones sobre el TTIP, para garantizar un debate político transparente y
democrático. Todos los acuerdos deben servir al interés público y a nuestro
futuro común.
2 . ¿Qué es el TTIP?
El TTIP es un acuerdo de gran alcance que se está negociando
actualmente entre la Comisión Europea (en nombre de los Estados miembros de la
Unión Europea -UE) y el gobierno de los Estados Unidos de América (EUA). No se
trata de las barreras al comercio como los aranceles, que ya son en general muy
bajos entre la UE y EUA. Se centra sobre todo en los reglamentos, normas,
derechos corporativos y garantías de inversión. El TTIP tiene como objetivo,
supuestamente, facilitar la inversión directa y la eliminación de obstáculos
burocráticos innecesarios para el acceso al mercado para las empresas de ambos
lados del Atlántico.
Los indicios de los que se dispone -provenientes de las empresas
y la industria que está participando de alguna manera en las negociaciones-
revelan que el enfoque sobre las barreras no arancelarias y la convergencia de
la reglamentación entre ambas partes se está utilizando para impulsar la
desregulación, una visión de los derechos de propiedad intelectual que sólo
fomentan monopolios, y una carrera para igualar derechos y estándares a la baja.
Los supuestos beneficios económicos no tienen fundamento y, en cualquier caso,
son marginales para la sociedad en general, incluso en el caso de que fuera
cierto lo que cuentan los defensores del acuerdo al respecto. Más bien todo
indica que los objetivos del acuerdo amenazan importantes derechos adquiridos en
las largas luchas democráticas y los intereses sociales de la ciudadanía de la
UE, de los EUA y del resto del mundo.
Las negociaciones se están haciendo a puerta cerrada, sin una
consulta pública efectiva. Los parlamentos nacionales no son informados sobre
los detalles de los textos de negociación de la Comisión. Los fragmentos de
información que han sido publicados -o filtrados- generan considerable
inquietud.
3 . ¿Qué nos preocupa?
- La falta de transparencia y de procedimientos democráticos, lo que hace imposible a la ciudadanía y a la sociedad civil seguir las negociaciones para garantizar que los intereses públicos están siendo protegidos. Actualmente estas negociaciones están muy sesgadas: grupos de presión empresariales tienen acceso privilegiado a la información y oportunidades para influir en las negociaciones.
- El capítulo propuesto sobre protección de inversiones y en particular la inclusión de una disposición sobre el mecanismo de Solución de Diferencias entre el Estado y el Inversor (ISDS). El ISDS brinda a los inversores derechos exclusivos para demandar a los Estados cuando consideren que alguna decisión democrática -realizada por instituciones representativas y para el interés general- se considera que puede tener impactos negativos en sus ganancias presentes o futuras. Estos mecanismos se basan en juicios fuera de los tribunales nacionales. Con ello se socavan los sistemas legales de las naciones, así como la soberanía democrática de la sociedad para la formulación de leyes y políticas de interés público.
- La creación de nuevas estructuras antidemocráticas de gobierno, y de procedimientos que tienen como objetivo “armonizar las regulaciones” como el Consejo de Cooperación Regulatoria. Estas estructuras permitirían que las decisiones tomadas en el marco del TTIP sean constantemente presionadas en secreto por burócratas no electos y grandes lobbies empresariales. Estas estructuras no democráticas amenazan con rebajar importantes normas y reglas diseñadas para la protección de los intereses públicos, o prohibir futuras mejoras, independientemente de su necesidad y del mandato público. También nos preocupa el objetivo de fortalecer la protección de los “derechos de propiedad intelectual”, que tal como está planteado, ataca algunos de nuestros derechos básicos como la salud, la educación, la cultura y la libertad expresión.
4 . Demandas y objetivos
compartidos:
Sobre la base de los valores de la solidaridad
internacional, la justicia social, la sostenibilidad ambiental y el respeto de
todos los derechos humanos, trabajamos con nuestros aliados en los Estados
Unidos, Europa y otras partes del mundo, exigiendo:
a) Transparencia inmediata: se harán
públicos los textos de negociación de la Comisión, así como todos los documentos
de negociación para permitir un debate público abierto y crítico sobre la TTIP y
el CETA.
b) NO al ISDS: nos oponemos a estos
mecanismos de solución de discrepancias entre el estado y el inversor y
mantenemos con firmeza la soberanía de nuestras sociedades y de nuestros pueblos
para la toma de decisiones en la defensa y mejora del interés público y del bien
común por encima de los intereses privados.
c) NO al Consejo de Cooperación
Regulatoria: toda la regulación de las operaciones comerciales, las
condiciones del comercio y el establecimiento de estándares de producción del
producto deben estar en manos de los órganos y procesos controlados
democráticamente.
d) NO a la desregulación y a la rebaja de los
estándares de protección y al servicio del interés público: el nivel de
las normas sociales y laborales, de los consumidores y de la salud pública, la
protección del medio ambiente, incluyendo la regeneración de nuestros recursos
naturales, el bienestar animal, las normas sanitarias de los alimentos y las
prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles, el acceso a la información y al
etiquetado, la cultura y la medicina, la regulación del mercado financiero, así
como la protección de datos y otros derechos digitales que se deben mejorar, y
no «armonizar» hasta el más bajo común denominador. El reconocimiento mutuo de
estándares no es aceptable en la medida en que socava los niveles de protección
acordados democráticamente. Hay que garantizar que se aplica el principio de
precaución.
e) No existe peor desregulación que la
privatización de los servicios públicos. Defendemos el acceso universal
a una educación de calidad, a la atención a la salud y otros servicios públicos
como instrumentos para sostener la reproducción social de la vida y como una
contratación pública que promueve el empleo local y las economías locales, la
discriminación positiva, el emprendimiento social, la economía sostenible, el
cuidado de las personas y al servicio del interés público.
En este sentido hay que tener presente que los efectos de la
privatización de los servicios públicos en diferentes ámbitos tienen un especial
impacto en las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres.
f) La promoción de prácticas agrícolas sostenibles
con el medio ambiente y la protección de la pequeña agricultura
familiar.
g) Las instituciones públicas deben mantener el
poder político y las estructuras necesarias para proteger ciertos sectores
sensibles y salvaguardar las normas importantes para nuestra calidad de
vida. Las normas laborales y ambientales internacionalmente acordadas
deben ser respetadas. La violación continua de las normas del trabajo debe ser
objeto de sanciones.
Finalmente defendemos la construcción de unas relaciones
y políticas comerciales entre nuestros pueblos que pongan en primer lugar las
personas y el planeta, garantizando:
- los derechos humanos universales e inalienables de todas las personas, incluidos los derechos a una alimentación adecuada, agua, salud, derechos sexuales y reproductivos, integridad física y psíquica, ropa, vivienda, educación, protección social, movilidad, cultura, ocio y un medio ambiente limpio;
- un trabajo decente, que permita a la gente vivir una vida digna, incluyendo una renta adecuada y los derechos laborales;
- el reconocimiento del trabajo reproductivo y del cuidado y de los trabajos informales de servicio a las personas y a la comunidad. Garantizar una redistribución equitativa y una reorganización socioeconómica, de forma que no recaigan en exclusiva en las mujeres las tareas del bienestar cotidiano, así como la igualdad de salarios para hombres y mujeres;
- una transición a una economía de bajas emisiones de carbono, que no se base en un consumo excesivo, sino en el uso social y ecológicamente responsable de los recursos, y que permita una vida digna sin poner en peligro el apoyo de otras personas, generaciones futuras, así como de la agricultura, de la flora y la fauna;
- lograr una democratización significativa en todos los niveles de toma de decisiones;
- la lucha contra la pobreza y el establecimiento de nuevas relaciones de solidaridad y equidad entre hombres y mujeres y con las personas de otras regiones y el respeto de los derechos de las personas refugiadas e inmigrantes;
- el aumento global del nivel de bienestar económico, social y ambiental.
Las diez amenazas del TTIP a los pueblos europeos.
27 septiembre 2014 | Categorías:
EE.UU., Portada, Unión
Europea
Etiquetas: , TTIP
Amenaza 1.
INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO.
Supone que dado que EE.UU sólo ha ratificado DOS de las OCHO normas fundamentales de la O.I.T., se producirá una “armonización” de mínimos que implica una erosión de los derechos de l@s asalariad@s , rebajando toda aquellas normativas laborales como convenios colectivos, o limitando las reformas futuras en las mejoras de las condiciones de empleo.
Supone también que cualquier reforma encaminada a mejorar las condiciones de
empleo, podrá ser objeto de demandas de indemnización por parte de las
corporaciones europeas y estadounidenses.
Amenaza 2.
DEGRADACIÓN DE LOS DERECHOS DE REPRESENTACIÓN COLECTIVA DE L@S
ASALARIAD@S.
Implica “erradicar” las barreras que frenan el flujo de mercaderías entre los
dos continentes. Lo que facilitará a las empresas elegir la localización de los
centros de producción en función de los costes sociales.
Equivale a un debilitamiento del derecho de l@s trabajador@s garantizado en
la Carta de Derechos fundamentales de la U.E.
Amenaza 3.
DEBILITAMIENTO DE LAS NORMAS Y ESTÁNDARES TÉCNICOS EN REGULACIÓN
MEDIOAMBIENTAL.
Riesgos de los consumidores por la desregulación de la seguridad alimentaria,
ya que EE:UU quiere que Europa rebaje sus estándares de seguridad, de forma que
se permita la introducción de sus productos. ( organismos genéticamente
modificados, carne tratada con hormonas, uso de pesticidas,…)
En Europa la aparición de un producto en el mercado está condicionado a una
evaluación previa sobre los riesgos que presenta. En EE.UU., no se aplica el
principio de cautela, la evaluación se produce a posteriori con la exigencia de
que los organismos públicos sean los que demuestren la posible toxicidad de un
producto.
Estos riesgos incluyen también los ligados a las condiciones de trabajo, la
salud y la seguridad profesional, Ignorados completamente por EE.UU.
Esta armonización entraña peligros como:
- El debilitamiento del principio de precaución.
- Retroceso en la protección del lugar de trabajo.
- Perspectiva de creación de una “Consejo de Cooperación Reglamentaria”, que escapa al control democrático.
Amenaza 4.
RESTRICCION A LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DE PERSONAS.
La circulación de personas está condicionada a la forma de “prestación de un
servicio”, (modo 4), lo que contribuye al dumping social dentro de la U.E.
El derecho fundamental a la libertad de circulación de personas no aparece.
La movilidad y la migración sólo son consideradas desde el punto de vista de la
rentabilidad económica.
Amenaza 5.
AUSENCIA DE SANCIONES ANTE LOS ABUSOS.
Aun cuando los Tratados incluyen un apartado de “desarrollo sostenible”, que
engloba disposiciones relativas al derecho social, del trabajo, la ecología,
etc., no se prevé ningún mecanismo de resolución de conflictos, ni posibilidad
de sanción en caso de violación.
Amenaza 6.
DESAPARICIÓN PROGRESIVA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
Negociaciones orientadas a afianzar la privatización de los servicios
públicos, mediante la llamada “lista negativa” que implica que aquellos
servicios inventariados que no estén cerrados a la privatización, están en
disposición para privatizarlos.
También implica que todo tipo de servicios que surgiera para responder a
nuevas necesidades, a partir de la firma del Acuerdo, sería automáticamente
clasificado como perteneciente al sector privado.
Supone en definitiva abrir los mercados de servicios europeos en beneficio
del capital estadounidense y usar el acuerdo comercial para abrir la
adjudicación de contratos públicos a la competencia del sector privado. Esto
conllevará que los gobiernos locales no estarán autorizados para hacer políticas
de adjudicación a favor de fines sociales o medioambientales.
Amenaza 7.
AUMENTO DEL DESEMPLEO.
Dentro de la U.E. las empresas no europeas no pueden beneficiarse del mercado
público. No ocurre así en EE.UU. donde las reglas que garantizan un mínimo de
“contenido local” están muy expandidas.
Esto supone una ampliación de los mercados accesibles a las empresas de
productos y servicios de EE.UU. sin contrapartida para sus homólogos europeos,
con consecuencias nefastas para el empleo dentro de la U. E. Al ser en EE.UU,
las normativas laborales son menos exigentes y los derechos sindicales no
existen,
Amenaza 8.
PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES.
Las reglamentaciones estadounidenses muestran poco apego por la protección de
datos personales. En un contexto de liberalización de los servicios, la garantía
de la protección de datos queda cuestionada y al almacenar los datos en una
“nube”, queda muy impreciso el derecho a aplicar.
Amenaza 9.
SUMISIÓN DE LAS POBLACIONES A LA DEFENSA DE LA PROPIEDADD
INTELECTUAL.
Las disposiciones de propiedad intelectual e industrial son objeto de
negociaciones que podrían amenazar la libertad de internet, privar a los autores
de la libertad de elección de difusión de sus obras e incluso limitar el acceso
a los medicamentos genéricos.
Amenaza 10.
SUMISIÓN DE LOS ESTADOS A UN DERECHO HECHO A MEDIDA DE LAS
MULTINACIONALES.
Este es quizás el aspecto más peligroso. L@s neoliberales tienen una firme
voluntad de transformar el mundo, poniendo tribunales de arbitraje al servicio
de las multinacionales que escapan a cualquier control de los estados . Ello
implica que los Estados podrán legislar muy poco o nada sobre derechos
laborales, sociales o medioambientales que perjudiquen a las empresas, ya que
éstas podrán reclamar económicamente si se sienten perjudicadas. Lo que supone
dejar en papel mojado el funcionamiento democrático.
Existen antecedentes que confirman este temor.
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