Con
la soberbia característica de una clase de individuos que ostentan
el conocimiento y el poder como supuesto derecho adquirido y de
manera monopólica, la llamada comisión de expertos “independientes”
convocada por el gobierno de Colombia para analizar las consecuencias
del fracking en el país, produjo un cuestionable informe. La
comisión, compuesta por once académicos nacionales y dos
extranjeros dio vía libre a las pruebas piloto para la explotación
no convencional de hidrocarburos que se lleva a cabo en el norte del
país
(https://images.eltiempo.digital/uploads/files/2019/02/14/WhatsApp%20Image%20201914%20at%204.31.57%20PM%20-2-convertido.pdf).
Según el informe, el fracking no representa una amenaza ambiental
siempre y cuando se sigan ciertos protocolos que deben cumplirse con
rigurosidad. Por una parte, existen una serie de requisitos previos a
los ensayos piloto como el cumplimiento de la ley de transparencia,
la capacitación de personal, la atención de riesgos de salud y el
establecimiento de mecanismos de participación ciudadana. Por otra
parte, las conclusiones de la comisión se centraron en las
recomendaciones en torno a la ejecución de los pilotos a propósito
de garantizar la participación comunitaria y la clarificación de
los medios de transferencia de utilidades a las comunidades que
dejará esta actividad. Según puede leerse entre líneas, los
expertos otorgaron el visto bueno al gobierno para que inicie con la
explotación y contaminación de recursos aún en detrimento de
poblaciones enteras.
