El 11 de marzo de 2011 se registró un
terremoto seguido por un tsunami que tuvieron efectos devastadores en
los 6 reactores de la central nuclear de Fukushima-Daiichi y en otros 8
reactores de Japón.
El terremoto ya produjo graves daños en
los reactores de Fukushima-Daiichi y el tsunami vino a completar la
destrucción de equipos vitales para la seguridad, lo que desembocó en
una masiva fuga de radioisótopos, sobre todo yodo y cesio.
La humanidad se enfrentó así a un nuevo
accidente nuclear que ha dispersado grandes cantidades de radiactividad
en el medio terrestre y en el mar.
El accidente de Fukushima tiene dos
características que lo distinguen de accidentes anteriores: se produjo
en Japón, una potencia tecnológica de primera línea con garantías
democráticas homologables a las europeas, y se generó por un evento
externo a la central. Este último hecho añade gran incertidumbre a la
seguridad de estas plantas: ¿puede alguien prever todo lo que va a
suceder que afecte a la central?
- 2º aniversario de Fukushima
Una catástrofe ambiental, social y económica
Los efectos sobre el medio y la salud de
las personas no van a ser fáciles de obviar, porque hoy en día no han
hecho más que empezar a manifestarse. De entrada, el riesgo de nuevos
accidentes aún no ha desaparecido en Fukushima, puesto que las dañadas
estructuras de los reactores podrían no resistir los seísmos que podrían
registrarse en un futuro próximo. Además, en la zona contaminada, de
evacuación obligatoria, se recogieron más de 1600 víctimas del terremoto
y tsunami: nunca sabremos cuantas de esas vidas se podrían haber
salvado con la debida atención que no se produjo para evitar la
radiactividad.
La contaminación viajó muy lejos del
reactor e hizo que los niveles de radiactividad superasen las dosis
admitidas para los trabajadores expuestos a distancias de más de 80
kilómetros y que los niveles fueran ocho veces lo normal en Tokio,
ciudad de más de 30 millones de habitantes situada a 250 kilómetros de
la central. Se detectó contaminación en arroz, verduras, carne de
ternera y hasta en la leche materna. Además, se vertieron más de 12.000
toneladas de agua contaminada al mar, lo que tendrá consecuencias
impredecibles. De hecho se han pescado ejemplares de peces con un nivel
de radiactividad 2500 veces el permitido.
Los primeros efectos de esta contaminación
se registran ya en un reciente informe emitido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), donde los cálculos indican: un aumento del 4 %
de tumores sólidos y del 6 % en cáncer de mama en mujeres expuestas en
su infancia; un aumento del 7 % de las leucemias entre los adultos
expuestos en su infancia y un aumento de los cánceres de tiroides casi
en un factor 100. Además de esto, la OMS recomienda continuos estudios
médicos sobre la población para detectar las posibles enfermedades
derivadas de la radiación.
Además de los terribles daños para la
salud y el medio, hay que considerar los daños económicos. Según
evaluaciones independientes, estos podrían ascender a 250.000 millones
de dólares, de los cuales ya se han gastado unos 43.700 millones de
dólares de dinero público. En Japón la responsabilidad civil es
ilimitada, pero no hay ningún reglamento que establezca como deben
acometerse las indemnizaciones, por lo que TEPCO, la empresa propietaria
de la central, todavía no se ve obligada a acometer indemnizaciones de
consideración. Las cifras anteriores hay que compararlas con el máximo
gasto por daños a terceros previsto por la legislación europea, en que
se contempla una responsabilidad civil limitada, que ascienden a 1200
millones de euros.
No se aprende la lección
El debate subsiguiente y las reacciones
fueron muy diversas en los diferentes países: en Alemania o Suiza se
produce el apagón nuclear paulatino y definitivo, mientras que en otros,
como España, las autoridades políticas y la industria nuclear
permanecen agazapadas hasta que pase el chaparrón. Hoy en día, nuestro
ministro de Industria vuelve a hablar de la necesidad de mantener la
energía nuclear.
Como resultado del accidente, a petición
de Austria, la Unión Europea impulsó la realización de unas pruebas
extras en las centrales nucleares europeas, mal llamadas “pruebas de
estrés”. Estas pruebas han sido muy limitadas por no tener en cuenta las
acciones humanas (tales como sabotajes o accidentes de avión) sobre las
centrales y porque los informes sobre los que han trabajado los
organismos reguladores -el Consejo de Seguridad Nuclear en el caso de
España- han sido realizados por los propios operadores de las plantas y
no por agentes independientes.
A pesar de ello, la puesta en práctica de
las acciones sugeridas en los informes va a suponer un enorme gasto para
la industria nuclear. Según la Comisión Europea (CE), podría ascender a
unos 25.000 millones de € para toda Europa y a unos 750 millones de €
para las centrales españolas. En el informe de la CE se refleja además
una queja por la gran disparidad de reglamentos y niveles de seguridad
exigidos en los diferentes países europeos y se dice abiertamente que el
nivel de seguridad de las centrales es insuficiente.
Poner fin a la pesadilla nuclear
Pese a todo, algunos gobiernos, entre
ellos el español, siguen sin aceptar la evidencia de la peligrosidad de
la energía nuclear y no establecen calendarios de cierre de las
centrales nucleares. La industria nuclear y las compañías eléctricas,
que poseen centrales, siguen poniendo la obtención de beneficios por
delante de la salud de las personas y el medio ambiente. Es un caso más
de apropiación privada de los beneficios y de socialización del riesgo.
El accidente de Fukushima muestra a las
claras que es imposible garantizar la seguridad de las centrales
nucleares y que lo más sensato es proceder a su cierre escalonado. Sobre
todo teniendo en cuenta que existen ya energías alternativas capaces de
suministrar electricidad sin riesgo y con mínimos impactos ambientales.
Además del peligro de accidente, las
centrales nucleares generan residuos radiactivos peligrosos durante
cientos de miles de años. Precisamente en España se quiere condenar a la
muerte a una comarca entera, en torno a Villar de Cañas (Cuenca),
mediante la instalación de un cementerio nuclear transitorio y
centralizado.
Ecologistas en Acción exige al Gobierno
que ponga fin a la pesadilla nuclear y fomente el despliegue de las
energías renovables en lugar de limitarlo mediante decretos que cortan
su desarrollo.
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