La decisión política y económica sobre el 5G
está tomada. El Gobierno de España espera que la red móvil de quinta
generación sea esencial en el funcionamiento de la economía y la
sociedad en su conjunto. Los objetivos expuestos parecen muy loables:
garantizar la conectividad, digitalizar la administración pública y las
empresas, mejorar la productividad económica, cuarta revolución
industrial… Todo ello inextricablemente impulsado por el 5G.
¿Es realmente necesario que el logro de todos esos objetivos requiera
el despliegue total de telecomunicaciones inalámbricas con el aumento
exponencial de radiofrecuencias, microondas y tecnologías nunca
utilizadas? O, por el contrario, ¿podrían utilizarse medios más seguros y
eficientes?
Son notorias las “puertas giratorias” de políticos, empresas
eléctricas y de telecomunicaciones con evidentes conflictos de
intereses. La presión del lobby de las telecomunicaciones está
influyendo de una manera determinante en el Poder Legislativo1.
Quizás la prueba más fehaciente de los riesgos asociados al
despliegue del 5G sea la propia actitud de gobiernos y grandes empresas.
Por un lado, gobiernos de todo el mundo se niegan a desarrollar
estudios de impacto que pudieran dar respuesta a las dudas e inquietudes
de científicos, instituciones y movimientos sociales. La comisión
europea no ha hecho estudios2, pero se fía de las directrices
de un grupo de “expertos del ICNIRP”, vinculados a los lobbies
tecnológicos con probados conflictos de intereses3.
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https://www.cambio16.com/el-5g-la-democracia-y-los-derechos-ciudadanos/
