El 5G, la democracia y los derechos ciudadanos

Gwyneth Morgan /bonaona@bonaona.org

La decisión política y económica sobre el 5G está tomada. El Gobierno de España espera que la red móvil de quinta generación sea esencial en el funcionamiento de la economía y la sociedad en su conjunto. Los objetivos expuestos parecen muy loables: garantizar la conectividad, digitalizar la administración pública y las empresas, mejorar la productividad económica, cuarta revolución industrial… Todo ello inextricablemente impulsado por el 5G.

¿Es realmente necesario que el logro de todos esos objetivos requiera el despliegue total de telecomunicaciones inalámbricas con el aumento exponencial de radiofrecuencias, microondas y tecnologías nunca utilizadas? O, por el contrario, ¿podrían utilizarse medios más seguros y eficientes?

Son notorias las “puertas giratorias” de políticos, empresas eléctricas y de telecomunicaciones con evidentes conflictos de intereses. La presión del lobby de las telecomunicaciones está influyendo de una manera determinante en el Poder Legislativo¹.

Quizás la prueba más fehaciente de los riesgos asociados al despliegue del 5G sea la propia actitud de gobiernos y grandes empresas.

Por un lado, gobiernos de todo el mundo se niegan a desarrollar estudios de impacto que pudieran dar respuesta a las dudas e inquietudes de científicos, instituciones y movimientos sociales. La comisión europea no ha hecho estudios², pero se fía de las directrices de un grupo de “expertos del ICNIRP”, vinculados a los lobbies tecnológicos con probados conflictos de intereses³.

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