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Valentín Cabero Diéguez. Catedrático de Geografía de la Universidad de Salamanca 04/12/2012
Desde
que se anunció por parte de la Junta el denominado Proyecto de Ley de
Gobernanza, Ordenación y Servicios en el Territorio, ha transcurrido
prácticamente un año, sin que los ciudadanos de la región sepan con
objetividad y con relativa sencillez cuál es el futuro y el encajamiento
de la vida de sus pueblos en el nuevo mapa regional que se nos propone.
Tras propalar y señalar «las ventajas» del nuevo modelo, inicialmente
basado en la figura de Distritos de Interés Comunitario y en la unión
voluntaria de municipios, las más de 800 alegaciones recibidas y las
reuniones «tan interesantes» mantenidas con los presidentes de las
diputaciones provinciales de la región, incluida la sensibilidad y
preocupación personal de la presidenta de la Diputación de León, la
Junta se muestra «muy receptiva» a los problemas locales y provinciales y
se queda por el camino el nombre tan desafortunado e inoportuno de
Distrito de Interés Comunitario. ¡Cuánta energía perdida de nuevo en la
ordenación del territorio y en la hipotética construcción de un
verdadero proyecto regional! Veinticinco años contemplan la inacción y
somnolencia de un Gobierno regional enredado en sus propios intereses y
en las prebendas caciquiles de los presidentes de las nueve diputaciones
provinciales, que paradójicamente se pretende fortalecer en el nuevo
modelo de ordenación territorial.
No sabemos si con el acuerdo de mínimos
alcanzado con el PSOE se avanzará con alguna coherencia en pro de una
mayor cordura en la ordenación y cohesión regional, amparándose en
ámbitos de referencia territorial que guarden relación con la prestación
de servicios y con vínculos geográficos e históricos bien reconocidos.
No es necesario reinventar nuevas denominaciones tecnocráticas, y si
tener bien presente una mirada doblemente enriquecida por el pasado
inmediato y por la necesidad de un futuro que no deje en la absoluta
exclusión y soledad a cientos de municipios y a miles de núcleos que
resisten y luchan aún por su supervivencia y por un mundo rural vivo.
Ellos ni han provocado la crisis financiera ni han participado en los
escándalos de corrupción y despilfarros que estamos viviendo. Bien se
merecen, por tanto, un respeto y una integración inteligente en un
modelo territorial en el que las diputaciones provinciales, a mi
entender, no deberían ser de nuevo las protagonistas.
Tras los desastres regionales de la
«ordenación» financiera y absorción bancaria, ni «músculo financiero»
nos queda, ni mucho menos energías sociales para abordar el proyecto con
ilusión y entusiasmo. Un manto de silencio político y mediático cubre
tanta ruina y ruindad. De ello se beneficia con descaro el Gobierno
regional y una corte de delegados provinciales que siguen obedientes los
mensajes, ahora algo adornados por la información y explicación, aunque
esta carezca de argumentos sólidamente asentados en el territorio y en
las necesidades de sus gentes. Las últimas medidas y recortes en
sanidad, educación y servicios sociales apuntan precisamente en el
camino contrario, a favor de un mundo urbano que no da más de sí, y en
contra del medio rural en el que nos queda algo de esperanza y de
solidaridad. No podemos nutrir con más desánimo a las gentes que viven
en el medio rural y abandonar la producción de alimentos de calidad en
beneficio de las grandes multinacionales y corporaciones especulativas.
Bien lo saben los campesinos y ganaderos que quedan en nuestras comarcas
agrícolas o ganaderas cómo se las gastan las multinacionales instaladas
en nuestra región, pues ya están imponiendo sus reglas o intereses a
los agricultores y a la propia Consejería de Agricultura y Ganadería de
la Junta de Castilla y León.
En este contexto, el partido de la
oposición ha ido a remolque de las circunstancias y en una sociedad
envejecida, dependiente, y en gran medida clientelar como la de Castilla
y León, no ha encontrado un discurso político y social revitalizador,
capaz de movilizar a la ciudadanía descontenta y preocupada por el
futuro de la región. La larga entrevista a Oscar López el domingo 4 de
noviembre del 2012, en el Diario de León, resulta decepcionante, y el
pacto de Villarrubia con el PP
una claudicación ante el modelo tecnocrático impuesto desde la
Consejería de Presidencia de la Junta. Después de una andadura errática y
sistemáticamente incumplida de Directrices Territoriales (1996), Ley de
Ordenación del Territorio de Castilla y León (1998), de Áreas
Funcionales (2000), del Plan de Áreas Periféricas (2002-2006), del
Observatorio de la Población (2006) y de Directrices Esenciales de
Ordenación del Territorio (2008)…, se nos propone desde hace unos días
un anteproyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del
Territorio de la Comunidad de Castilla y León, apoyada en la
convergencia de servicios (?) y la creación de unidades básicas de
ordenación y servicios del territorio (?). Mientras tanto, la comarca
del Bierzo seguirá lógicamente existiendo, y el resto de las comarcas
nunca contempladas y asumidas por el Gobierno regional de Castilla y
León, me pregunto: ¿serán subsumidas al igual que sus municipios en las
Mancomunidades de Interés General Rurales y Urbanas? Una nomenclatura y
más celofán al servicio de la retórica política. Posiblemente estemos
ante otro desideratum para cumplir con una promesa electoral que, como otras muchas anunciadas ayer a bombo y platillo, no tendrá recorrido alguno.
Más grave nos resulta comprobar que nada
se dice y se advierte a los ciudadanos de Castilla y León sobre la
amenaza inminente que se cierne sobre una gran parte de los pueblos y de
los bienes comunales y públicos. La supresión de las juntas vecinales y
la pérdida del control de sus recursos pueden convertirse en el hachazo
definitivo y más doloroso para las áreas rurales más desfavorecidas y
más necesarias para nosotros desde la perspectiva vital, medioambiental,
cultural y económica. En el anteproyecto de Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local presentado por el Gobierno del
Estado, figuran propuestas demoledoras para la Comunidad de Castilla y
León y sobre todo para las provincias de León, Palencia y Burgos que
concentran casi el 95% de las entidades locales menores a escala
regional. No olvidemos que en estas áreas, muchas de ellas de bordes
montañosos, se conserva una riqueza concejil y pública que ha supuesto
hasta ahora la pervivencia de vínculos de cohesión social, económica y
cultural de gran envergadura entre las gentes y sus territorios. No nos
extraña que las plataformas formadas en defensa de estos vínculos teman
que detrás de estas propuestas solapadas en el marco de la «eficiencia
financiera y eficacia de los recursos y servicios», se esconda una
auténtica desamortización y privatización de recursos estratégicos y de
bienes históricos con fuertes raíces territoriales. Sobre esta tropelía y
esta apropiación encubierta del territorio, paralela a la ordenación de
la Junta, apenas escuchamos voces de nuestros representantes políticos
en Madrid y en Valladolid o en los refugios decimonónicos de las
diputaciones provinciales ¿Acaso son favorables al expolio de los bienes
comunales y a la añagaza de la privatización de su gestión?
Naturalmente, nosotros, abogamos por una ordenación del territorio que
respete las bases patrimoniales comunes y que con valentía defienda y
estimule la vida en los medios rurales más desfavorecidos.
Cuando se celebran los cien años de la publicación del profundo y hermoso poemario Campos de Castilla de
Antonio Machado, negros nubarrones de incuria y desamparo amenazan a
nuestras tierras y a sus gentes. Ojalá no descarguen con violencia
apocalíptica sobre nuestros campos, y en nuestra «tierra abnegada y
noble» brille la esperanza de un mundo rural vivo.
http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/ordenacion-del-territorio-o-apropiacion-_748769.html
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