Mientras personas y entidades vinculadas a las élites político-financieras eluden las responsabilidades derivadas de sus actuaciones corruptas y temerarias, las autoridades están tratando de imponer severísimos correctivos a quienes nos atrevemos a denunciar los escándalos que nos han llevado al borde del precipicio.
De confirmarse la pena de prisión contra los 8 activistas, estaríamos ante un nuevo y peligroso precedente en el marco de la creciente criminalización de las protestas legítimas de la ciudadanía. Pero aún podemos evitarlo.
En los próximos días el juez podría dictaminar si continúa con el procedimiento o lo archiva. Ahora, en plena Junta de Accionistas de Caixabank, lo último que quieren los directivos del banco es que la atención pública y de los medios se concentre en sus oscuros negocios, en su desgraciado papel en las nefastas crisis inmobiliaria y medioambiental, y en su persecución a manifestantes pacíficos. Por ello, si entre todos/as ayudásemos a generar un enorme revuelo mediático, podríamos forzar a CaixaBank y a la fiscalía a reconsiderar su agresiva estrategia y retirar la acusación contra los 8 activistas.
FIRMA AHORA LA PETICIÓN e invita a todos tus conocid@s a unirse.
Haz clic aquí para leer más acerca de ello y para firmar:
http://www.avaaz.org/es/
Muchas gracias,
http://www.ecologistasenaccion.org/article25082.html
200 organizaciones contra CaixaBank
Ocho miembros de Ecologistas en
Acción se enfrentan a penas de ocho meses de prisión por una acción no
violenta en la sede de Caixabank en Barcelona. 200
organizaciones, partidos políticos, sindicatos y redes han firmado un
manifiesto en apoyo de los imputados en el que se pide el archivo de la
causa.
En diciembre de 2011 más de 300 miembros y simpatizantes de Ecologistas en Acción, desplegaron tres pancartas en la sede central de CaixaBank en Barcelona con los textos “La Caixa arrasa el planeta”, “Justicia social i ambiental” y “Allibera’t de la banca”. Ocho de los participantes fueron identificados por desplegar las pancartas. Se les acusa ahora de “allanamiento de establecimiento abierto al público”, un delito tipificado en el código penal. Un tipo, que según la defensa, no debería aplicarse en este caso, puesto que no se llegó a entrar en la sede del banco y, por tanto, no se atentó contra la llamada intimidad de la empresa.
No sólo se les acusa, sino que la fiscalía pide para ellos penas considerablemente altas: ocho meses de cárcel y ocho meses de multa a razón de diez euros diarios. La decisión está ahora en manos de la Audiencia Provincial, que deberá decidir pronto si admite el recurso presentado por Ecologistas en Acción o continúa el juicio.
Ante la gravedad de de la situación, dos centenares de organizaciones de todo el Estado se han sumado a un manifiesto pidiendo el archivo de la causa. Figuran en la lista de firmantes sindicatos como CCOO, UGT o CGT, partidos como Izquierda Unida o Chunta Aragonesista, grupos ecologistas como Greenpeace o Amigos de la Tierra, movimientos sociales como varias asambleas del 15M, ATTAC o Baladre.
En el manifiesto se resalta que la acción denunció hechos contrastables. “El primero tenía que ver con la denuncia de la enorme acumulación de poder político y económico en el sector bancario”, subraya. El segundo “partió de la evidencia de que CaixaBank controla parte de las acciones de empresas españolas transnacionales de enorme relevancia en los sectores energético, del agua y de las infraestructuras. Hablamos de empresas con políticas ambientales y sociales muy agresivas, tanto en nuestro país como en otros países del Sur: Agbar, Repsol, Gas Natural – Fenosa o Abertis”. Y “la tercera línea de denuncia tuvo que ver con la apuesta de CaixaBank, antes La Caixa, por la especulación urbanística”.
"Es cierto que Ecologistas en Acción podía haber escogido otro medio para comunicar sus críticas a la entidad. Probablemente hubiera sido más efectivo que hubiese pagado anuncios en los medios de comunicación de masas, como hace CaixaBank. Sin embargo es obvio que Ecologistas en Acción, ni ningún otro movimiento social, tiene la capacidad económica para hacerlo”, apunta el manifiesto.
De este modo, las organizaciones firmantes no solo consideran legítima esta acción de desobediencia civil no violenta, sino que se suman a las reivindicaciones que la motivaron.
En diciembre de 2011 más de 300 miembros y simpatizantes de Ecologistas en Acción, desplegaron tres pancartas en la sede central de CaixaBank en Barcelona con los textos “La Caixa arrasa el planeta”, “Justicia social i ambiental” y “Allibera’t de la banca”. Ocho de los participantes fueron identificados por desplegar las pancartas. Se les acusa ahora de “allanamiento de establecimiento abierto al público”, un delito tipificado en el código penal. Un tipo, que según la defensa, no debería aplicarse en este caso, puesto que no se llegó a entrar en la sede del banco y, por tanto, no se atentó contra la llamada intimidad de la empresa.
No sólo se les acusa, sino que la fiscalía pide para ellos penas considerablemente altas: ocho meses de cárcel y ocho meses de multa a razón de diez euros diarios. La decisión está ahora en manos de la Audiencia Provincial, que deberá decidir pronto si admite el recurso presentado por Ecologistas en Acción o continúa el juicio.
Ante la gravedad de de la situación, dos centenares de organizaciones de todo el Estado se han sumado a un manifiesto pidiendo el archivo de la causa. Figuran en la lista de firmantes sindicatos como CCOO, UGT o CGT, partidos como Izquierda Unida o Chunta Aragonesista, grupos ecologistas como Greenpeace o Amigos de la Tierra, movimientos sociales como varias asambleas del 15M, ATTAC o Baladre.
En el manifiesto se resalta que la acción denunció hechos contrastables. “El primero tenía que ver con la denuncia de la enorme acumulación de poder político y económico en el sector bancario”, subraya. El segundo “partió de la evidencia de que CaixaBank controla parte de las acciones de empresas españolas transnacionales de enorme relevancia en los sectores energético, del agua y de las infraestructuras. Hablamos de empresas con políticas ambientales y sociales muy agresivas, tanto en nuestro país como en otros países del Sur: Agbar, Repsol, Gas Natural – Fenosa o Abertis”. Y “la tercera línea de denuncia tuvo que ver con la apuesta de CaixaBank, antes La Caixa, por la especulación urbanística”.
"Es cierto que Ecologistas en Acción podía haber escogido otro medio para comunicar sus críticas a la entidad. Probablemente hubiera sido más efectivo que hubiese pagado anuncios en los medios de comunicación de masas, como hace CaixaBank. Sin embargo es obvio que Ecologistas en Acción, ni ningún otro movimiento social, tiene la capacidad económica para hacerlo”, apunta el manifiesto.
De este modo, las organizaciones firmantes no solo consideran legítima esta acción de desobediencia civil no violenta, sino que se suman a las reivindicaciones que la motivaron.
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