Ante la amenaza y pérdida de autonomía municipal que se deriva del Anteproyecto
de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la
Plataforma Rural, alianzas por un mundo rural vivo, y un numeroso grupo
representante de los pequeños municipios españoles y de las entidades locales
menores, se ha reunido en Madrid los días 5 y 6 de abril del 2013, con el fin de
debatir y defender sus derechos constitucionales y su patrimonio
común.
Bajo el mandamiento único de la estabilidad
presupuestaria y de la lucha contra el déficit, el Gobierno se propone
intervenir en la vida local, vaciando de competencias a los municipios de menos
de 20.000 habitantes, que suman 7.749, el 95% de nuestros entes
municipales.
Serán los municipios por debajo de los 5.000 habitantes, y entre
ellos los 4.873 de menos de 1.000 habitantes, los que se verán excluidos de
plenos derechos de representación democrática y privados de sus cuantiosos
recursos. Calificar a los pequeños ayuntamientos y a las entidades locales
menores o a sus juntas vecinales de "obsoletas y opacas" resulta ofensivo y
mendaz, cuando los graves endeudamientos corresponden a las grandes ciudades
donde se concentra el despilfarro y las acciones urbanísticas "impropias",
calificadas de especulativas. La FEMP debería revisar sus planteamientos y velar
a ultranza por los entes más débiles y los servicios de proximidad,
fortaleciendo así la cohesión territorial.
Desde una posición
equívoca y apoyada en una sobrevaloración de las economías de escala, el
Gobierno pretende eliminar las competencias calificadas sin razonamientos
objetivos de impropias, sometiendo a lugares distintos y diversos a unos
estándares de servicios y de costes únicos que rayan en una visión plana y nada
amigable con el medio rural. Precisamente aquí, la austeridad no depredadora y
la cercanía a los problemas vecinales han marcado durante estas décadas el
comportamiento más común, "eficiente", efectivo y afectivo. Muchos entes locales
rurales, en contrapunto a los municipios urbanos escandalosamente endeudados,
han sido verdaderos ejemplos de "smart locus" (lugares inteligentes). Confiar en
la potestad de los interventores frente al poder político local o en las
nuevas atribuciones competenciales de las diputaciones nos parece un desprecio
al quehacer inteligente de alcaldes, concejales, alcaldes-pedáneos, presidentes
de juntas vecinales y a cuantos generosamente han sostenido los servicios de
proximidad y han luchado por un mundo rural vivo. Ellos se merecen el máximo
respeto y reconocimiento de la ley, y no una descalificación, o lo que es más
grave, el expolio de los bienes territoriales conservados gracias a sus
esfuerzos.
Consideramos que el patrimonio público en sus
distintas formas de pervivencia y de uso (Montes de Utilidad Públicas, bienes de
propios, bienes y montes comunales o concejiles, montes y bienes mancomunales,
montes en mano común, dehesas boyales) debe ser preservado en su integridad y
mantener su vinculación al territorio y a sus entes locales o juntas vecinales,
sus legítimos e históricos dueños. No podemos tolerar que, bajo el amparo de
esta reforma injusta, y en el contexto de una crisis financiera ajena al mundo
rural, los grupos oligárquicos y corporativos se apoderen y se beneficien de las
plusvalías naturales, culturales y agroalimentarias pertenecientes por derecho,
por trabajo, y por historia al mundo rural. El mantenimiento de la población y
de los servicios sociales próximos debería ser un objetivo fundamental de un
gobierno y de una política comprometida con los territorios rurales y con sus
habitantes.
Jerónimo Aguado
Plataforma
Rural
Amayuelas de Abajo, Palencia
Tfno. 979 15 42
19
www.plataformarural.org
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