Un trabajador que quiera recurrir su despido en súplica, deberá abonar unos 800 euros en concepto de tasas, mientras que en un procedimiento de divorcio, con reclamación de pensión compensatoria de 200 euros mensuales, los ciudadanos tendrán que abonar en tasas 812 euros, hasta ejercitar el recurso de apelación.
Una de las movilizaciones ante los juzgados de Vigo contra la ley de tasas.
Estos son solo dos ejemplos de lo que supondrá la nueva ley de tasas judiciales que ha generado innumerables reacciones en contra, como la de la Asociación de Abogados Jóvenes de Vigo, que ha elaborado un informe jurídico sobre la inconstitucionalidad del ya conocido como “tasazo” para presentar a instituciones y partidos políticos. Mañana lunes lo presentarán en el registro de la Xunta para trasladárselo al Valedor do Pobo y luego a la Defensora del Pueblo.
La recientemente creada Asociación de Abogados Jóvenes de Vigo, que ya cuenta en sus escasos seis meses de existencia con más de un centenar de asociados, elaboró este informe porque considera que la nueva ley será especialmente gravosa para los ciudadanos con menos recursos y los más desfavorecidos.
Además, consideran la cuantía de las tasas “exorbitante, inasumible e, incluso, antisocial, ya que dejará fuera del acceso a la justicia a las personas con menos recursos, incrementando el desequilibrio ya existente entre los ciudadanos de a pie y las grandes corporaciones, entidades financieras y grandes grupos empresariales, que no tendrán ningún inconveniente en litigar”, explican.
Aseguran que es la primera vez que se imponen tasas judiciales a las personas físicas, cuando en realidad el colapso de los juzgados se debe, precisamente, a la actividad litigiosa de las grandes empresas y de las entidades financieras (con ejecuciones forzosas).
El informe pone de relieve que la nueva ley establece una justicia de dos velocidades, que expulsa de facto del sistema de justicia a los más desfavorecidos, vulnerando derechos fundamentales como el de tutela judicial efectiva, así como los principios de igualdad y capacidad económica. Las nuevas tasas determinan la imposibilidad de acceder a la jurisdicción para la inmensa mayoría de los ciudadanos, aseguran los abogados jóvenes de Vigo.
Esta semana, la asociación comenzó su ronda de contactos con diversas instituciones, colectivos y asociaciones, con una reunión con el alcalde de Vigo. La asociación continuará con su calendario de movilizaciones y decidirá en asamblea extraordinaria la semana próxima otras actuaciones para expresar su rechazo a esta ley.
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