La marea blanca ha vuelto este domingo a su cauce en las
calles de la capital y lo hace decidida a hablarle al consejero de Sanidad madrileño
en su mismo idioma.
Si en el discurso de Javier Fernández-Lasquetty no existe la
privatización, sino la adopción de “fórmulas más eficientes que consuman menos
recursos públicos", los profesionales sanitarios tienen algo que
replicarle: las camas privatizadas de los hospitales de Madrid resultan más
caras que las públicas.
Es lo que demuestra el informe publicado esta semana por el
sindicato CSIT Unión Profesional, el mayoritario entre los funcionarios, que
analiza los presupuestos de la comunidad para 2012 y concluye que costear una
cama en los hospitales enteramente públicos le sale al contribuyente por 955
euros diarios, un 74% más barato que los 1.660 que cuesta mantenerla en los
hospitales donde la gestión sanitaria está privatizada. Basta con contrastar
los presupuestos de uno y otro modelo.
La Administración asigna a los hospitales de servicios
sanitarios privatizados –el Infanta Elena de Valdemoro, el de Torrejón de Ardoz,
el Nuevo Móstoles y la Fundación Jiménez Díaz– una cantidad de 553.820.728
euros anuales para mantener 914 camas funcionantes y atender a una población de
820.000 personas.
Los hospitales públicos tradicionales de la región, por el
contrario, reciben un volumen de 2.792.531.561 euros anuales para atender las
necesidades de salud de 4.201.169 personas y una oferta de 8.010 camas
funcionantes. Es decir; cada plaza
hospitalaria le cuesta a la Comunidad 665 euros diarios más si su gestión está
en manos privadas. Al año paga 256.000 euros extra por cada una de ellas.
La elaboración de este análisis "de coste y
eficiencia", en palabras del portavoz del Gabinete de Estudios de
CSIT y responsable de la coordinación
del informe, Juan Luis Martín, persigue un fin sencillo: "Comprobar si la
sanidad privada es más barata para el contribuyente, como repite el Gobierno a
falta de estudios previos que avalen su decisión de privatizar". Y las
cifras globales, asegura, hablan por sí mismas. "Con los mismos recursos,
la sanidad pública madrileña rinde más que la privada", incluso en el
recuento paciente a paciente.
La atención a un ciudadano en un hospital de gestión
sanitaria privada –que acuda a consulta o a un tratamiento, sin que
necesariamente resulte ingresado– le cuesta a la Administración 675 euros
anuales. En los hospitales de gestión pública ese mismo promedio es de 664
euros. Cada año, la Comunidad paga 11 euros extra por cada paciente asignado a
un hospital privatizado. Esa diferencia, sostiene el sindicato, corresponde al
margen de beneficio de la empresa que lo gestiona. CSIT-UP estima que "el
20% de los impuestos, uno de cada 5 euros, destinados a financiar la sanidad
irán a beneficio de las empresas privadas gestoras".
En un modelo de gestión pública, recuerdan, "el 100% de
los impuestos recae en la financiación del sistema", cobrar por vecino, no
por paciente.
Las plataformas antiprivatización no solo critican la
cantidad de dinero, sino el modo de financiación.
Estos hospitales públicos madrileños donde lo sanitario está
en manos privadas –bajo el modelo PPP, o public-private partnership, por sus
siglas en inglés– reciben de la Administración una cantidad fija o canon que
depende no del número de pacientes que atiendan, sino del número de vecinos que
tengan asignados. Si esos vecinos no
hacen uso del hospital, las empresas cobran igual.
Antonio Gómez, portavoz de la Coordinadora Antiprivatización
de la Sanidad –CAS–, pone el ejemplo de Torrejón de Ardoz, donde la Consejería
de Sanidad establece el pago de una cantidad de 571,50 euros por paciente
potencial, unos 133.000 en su área de referencia. Las empresas adjudicatarias
–un consorcio de Ribera Salud, Asisa y FCC– reciben 428,35 euros asignados a la
asistencia sanitaria y otros 143,15 euros anuales por la prestación de
servicios no sanitarios, como la administración o la limpieza.
En total, Madrid paga al hospital 76,1 millones de euros
anuales con independencia de la cantidad de pacientes que atienda. "Da
igual que los vecinos vayan o no al hospital, sea por propia decisión o porque
el centro carezca de la unidad específica para tratarlos", explica Gómez. "Da
igual que muchos pacientes de la zona, como de hecho ocurre, prefieran ir a los
grandes centros públicos de la capital y no utilicen el hospital de su
localidad. La empresa que lo gestiona se lleva el dinero público igual", inversión
rentabilizada.
Según CAS Madrid, el lucro no acaba en estos hospitales
totalmente privatizados, sino que se extiende a los del modelo mixto –Henares,
Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Majadahonda, Tajo y Sureste–.
En los últimos cinco años, la Administración ha pagado más de 990 millones de
euros a las empresas concesionarias de estos hospitales donde las camas son
públicas y sus médicos y enfermeras, funcionarios.
Estos centros funcionan bajo el modelo PFI –private finance
iniciative–. La sanidad depende directamente de lo público, pero los servicios
no sanitarios –administración, seguridad, limpieza, logística...– están
concedidos a compañías privadas.
También fueron empresas privadas, como Dragados, FCC,
Acciona, Sacyr, Begar-Ploder, Hispánica y CVC Capital Partners, quienes
construyeron sus inmuebles. Así, este conjunto de empresas reciben un canon
público por la prestación de servicios no asistenciales y para la amortización
de la inversión en construcción. "La construcción y equipamiento básicos
de estos hospitales costaron alrededor de 840 millones de euros", advierte
Gómez. "Según nuestros cálculos, en 2011 el conjunto del sector había
recuperado el 92% de esta cantidad y al término de 2012 ya habrán rentabilizado
su inversión". Gómez no duda de la calidad del negocio. "Los
contratos vencen en treinta años y pueden prorrogarse otros treinta más",
explica. "Es una inversión inmejorable para los accionistas y un negocio
nefasto para los contribuyentes". Ni más baratos ni más rentables.
Los sindicatos no son los únicos en remitirse a estas cifras.
La Plataforma de Jefes de Servicio de los Hospitales Públicos madrileños –que
representa a casi 600 médicos de más de 20 centros sanitarios de la región–
dirigía esta semana una carta abierta a la ciudadanía ciñéndose al mismo argumento. No es cierto, aseguran, "que la sanidad
privada sea más barata que la pública".
Aprovechando el punto y seguido en los paros y huelgas de
esta semana –convocadas de nuevo para el 19 y 20 de diciembre–, los
responsables médicos de la región advierten de que en los países en que
coexisten los modelos público y privado, "el gasto sanitario por habitante
y año es mucho más alto, y la aportación de gasto público para ello
también".
En el caso madrileño, además, denuncian que "la
aportación económica que la Comunidad pretende pagar a los nuevos dueños es
superior al coste actual".
En otras palabras; las
empresas adjudicatarias de los servicios "van a tener beneficio con el
dinero de nuestros impuestos".
Luis Boj Izquierdo
Coordinador Gabinete
Grupo Parlamentario IU
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