miércoles, 26 de agosto de 2020

Por una #vueltasegura, porque #QueremosVolver


Durante los meses más duros de la crisis del Covid19 la Educación no ha estado en el centro de las políticas públicas y, seis meses después, sigue sin estarlo; es absolutamente necesario resituarla. La educación pública es un servicio esencial y un derecho fundamental, no un accesorio de nuestro estado de bienestar. Y no es sólo un espacio de aprendizaje, sino también un lugar de socialización, de protección e igualador, así como un mecanismo vertebrador garante de derechos fundamentales, y como tal ha de actuarse en consecuencia para protegerlo, cuidarlo, y mantenerlo a toda costa.

Durante los últimos meses del pasado curso, los equipos directivos y docentes, las familias y el alumnado han hecho grandes esfuerzos, en un contexto muy difícil, para mantener la actividad educativa hasta donde se ha podido. La situación sobrevenida ha llevado a toda la comunidad educativa a paliar las dificultades con inventiva, tesón y muchos recursos propios. No obstante, la escuela a distancia no puede compensar la ausencia de la escuela presencial, especialmente para el alumnado más vulnerable y sus familias.

La comunidad educativa está maltrecha. Refresquemos la memoria: está conformada por el alumnado, el profesorado, el personal no docente, las familias y también la administración.  Durante estos meses, el profesorado y personal de los centros públicos ha sentido abandono e incomprensión, las familias se han sentido sobrecargadas y gran parte del alumnado se ha encontrado perdido.

Septiembre se nos ha echado encima, y el desamparo y la desatención no solo no ha disminuido sino que ha ido en aumento. Es, por lo tanto, el momento de que las administraciones competentes trabajen conjuntamente, con la colaboración de toda la comunidad educativa, para dibujar un horizonte viable para el curso entrante que garantice el derecho a la educación de todo el alumnado, no suponga una sobrecarga inviable para las familias y contemple la seguridad y bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras de los centros educativos para poder asegurar una enseñanza de calidad.

 

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