Durante la década de 1990, más de 200.000 mujeres
indígenas y campesinas fueron esterilizadas en Perú en el marco de una
política de control demográfico dirigida a las personas que vivían en la
pobreza.
Existen sólidos indicios de que el personal
médico recibía presiones para alcanzar cuotas de esterilización y de
que, en la mayoría de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado.
Las mujeres y sus familias fueron presuntamente amenazadas con el pago
de multas, penas de prisión o la retirada de ayuda alimentaria si no se
sometían a la operación. Dieciocho de ellas murieron y muchas no recibieron los cuidados postoperatorios adecuados, a consecuencia de lo cual sufrieron problemas de salud.
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