La Coordinadora estatal por la moratoria del 5G acaba de enviar una carta a la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, en la que tacha de “corrupción ambiental” la presencia de una representante de este departamento ministerial y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en la presentación del informe anual del autodenominado Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS) que tuvo lugar el pasado 21 de octubre.
Este ente privado dependiente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, no tiene entre sus fines y objetivos estatutarios el de la salud, pero sí el de “defender los derechos e intereses de la profesión en todos sus ámbitos”, con lo que entra en colisión con su propio código deontológico al asesorar a los organismos oficiales en materias que no son de su competencia, entiende la citada coordinadora.
Las organizaciones sociales consideran que el Ministerio de Sanidad, con su asistencia a este tipo de actos, desoye la sugerencia del Defensor del Pueblo, que en una resolución del 21 de agosto de 2019 le pide “elaborar, conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el proyecto de Reglamento por el que debe regularse la Comisión Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud y, tras cumplimentar los trámites preceptivos, elevarlo al Consejo de Ministros para su aprobación”. Esta comisión, aún sin constituir desde hace seis años, está prevista en la Ley de Telecomunicaciones del año 2014.
...
Más:
No hay comentarios:
Publicar un comentario