La liberación de truchas supone un despilfarro inaceptable que daña gravemente los ecosistemas fluviales y contravienen el ordenamiento jurídico. A pesar de las recomendaciones de científicos y universidades, compromisos de convenios internacionales, y leyes que prohíben las sueltas de peces exóticos a los ríos, en la Comunidad de Madrid la administración regional continúa autorizando la suelta de grandes cantidades de truchas de procedencia comercial.
Esta práctica se lleva a cabo a pesar de que las especies exóticas se consideran la segunda causa de degradación mundial de la biodiversidad, tras la destrucción del hábitat. Asimismo, estas falsas “repoblaciones” incumplen el Convenio de la Diversidad Biológica de 1992, el Convenio de Berna de 1979 relativo a la Conservación de la Vida Silvestre en Europa, la Directiva de Hábitats, y la Directiva Marco del Agua de la UE, la Ley de Impacto Ambiental y la Ley del Patrimonio Natural y Biodiversidad, además de encontrarse tipificadas en el art. 333 del Código Penal.
La liberación de truchas ajenas a nuestros cauces provoca graves problemas, entre otros, competencia sobre el territorio, hibridación con las especies autóctonas, alteraciones en la cadena trófica, riesgos sanitarios. Las sueltas de truchas ajenas a los cauces madrileños se justifica en los convenios de “colaboración” que la administración aegional mantiene con entidades privadas de pesca. Esta colaboración se limita a la suelta de peces exóticos y a la expedición de permisos de pesca intensiva que, por definición, es insostenible en el medio natural.
Estos convenios, cuyos contenidos no son de conocimiento público, se emplean para sostener una red clientelar y una gestión de pesca insostenible, anacrónica y muy perjudicial para la salud de nuestros ríos y las especies de peces autóctonos. Además, suponen un derroche para los contribuyentes y absorbe la práctica totalidad de los recursos destinados a la fauna y los ecosistemas fluviales. En la campaña 2009-2011 se licitaron dos contratos por importe de 470.059 €, para soltar 100.800 Kg. de truchas ajenas a nuestros cauces y de procedencia comercial.
Colectivos de pescadores y asociaciones conservacionistas llevamos años denunciando estas prácticas y solicitando a la Comunidad de Madrid una gestión de los ríos y de la pesca que se apoye en criterios científicos, en objetivos de conservación y en el respeto de la legislación y los compromisos internacionales firmados por nuestro país. Recordamos que los cotos intensivos fueron creados ilegalmente en los años setenta con el fin de subvencionar a las piscifactorías más ruinosas sin el amparo de la Ley de Pesca de 1942, vigente aún en la Comunidad de Madrid.
A diferencia de otras regiones, donde esta práctica es marginal, en la Comunidad de Madrid la oferta de pesca se apoya fundamentalmente en la liberación periódica de ejemplares de diversas clases de truchas procedentes de piscifactorías comerciales, destinadas exclusivamente a dar satisfacción a un modelo de pesca (extractiva) y a unas entidades privadas a las que la administración regional ha cedido la gestión directa de los mejores tramos del patrimonio fluvial.
La pesca intensiva ha dado respuesta a la demanda de una modalidad de pesca que la propia administración continúa estimulando, que a todas luces se ha demostrado perjudicial para el ecosistema fluvial y muy gravosa para el contribuyente. Esta modalidad debería quedar relegada a escenarios aislados del medio natural, y la administración evitar subvencionar esta actividad, para orientar los recursos y esfuerzos públicos a la conservación y restauración del medio y de las poblaciones de peces autóctonos de unos ríos muy castigados pero que siguen manteniendo condiciones naturales para albergarlas.
Es urgente que en la Comunidad de Madrid se produzca un cambio en la gestión de los ríos y de la pesca, donde tenga prioridad la conservación y recuperación de los recursos autóctonos sobre la actividad comercial, que garantice la pesca sostenible y de calidad frente a la actual pesca extractiva y artificial. Un cambio en el que la administración regional ponga fin al vigente sistema de gestión y lleve a cabo un estudio que informe del estado real de los cauces y, finalmente, desarrolle un plan de recuperación fluvial.
Suscriben este comunicado las siguientes asociaciones y colectivos (por orden alfabético): AEMS-Ríos con Vida, Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, Asociación para la recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), Ecologistas en Acción, Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo, Plataforma río Guadarrama, Plataforma Salvemos el Henares – Unipesca.
http://ecologistasenaccion.org/article23650.html
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