Una ley no escrita impide conocer adónde van 800 millones
de euros anuales que pagamos todos los españoles con el recibo de la
luz. Es dinero que se destina al denominado “pago por capacidad”, un
crisol de incentivos a la industria privada (productores y grandes
consumidores) que la Comisión Europea investiga desde 2016 por
considerarlos ayudas encubiertas del Estado. Un año después, abría un
expediente de infracción contra nuestro país por alterar de esta manera
la competencia energética.
Algunas de las industrias a las que el Estado
apoya con esta subvención encubierta son altamente contaminantes, pero
el ciudadano no tiene derecho a saber cuáles son. Es confidencial.
Secreto de Estado.
En estos tiempos de pandemia, quizá revisar esos pagos
podría servir para abaratar el recibo de la luz. Pero, sobre todo,
demostrarían la voluntad política para frenar el cambio climático. Una
de las causas, según algunos epidemiólogos, de que algunas amenazas
latentes como la de la covid-19 tengan la capacidad de salir de sus
ecosistemas naturales y asolar el planeta. Habrá más y peores pandemias
como esta si no echamos el freno, nos advierten.
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