Los movimientos sociales, protagonistas de unas nuevas políticas alimentarias municipales.
Texto: Revista Soberanía Alimentaria
Ilustración: Pau Valls
En la larguísima lista de imputados por prevaricación administrativa y urbanística de los últimos años hay un nombre que no cuadra. Las razones que lo llevaron a esa situación son diametralmente opuestas a las del resto.
Es el caso de Alberto Cañedo, exalcalde de Carcaboso, una localidad extremeña de mil habitantes. Cañedo fue elegido en 2005 al frente de una plataforma vecinal convertida en partido. Diez años después fue inhabilitado y multado con 37.000 euros, acusado de no responder en tiempo y forma las nada menos que 700 peticiones de información lanzadas por la oposición en solo dos años.
Según las organizaciones que denunciaron este acoso, mucho tenía que ver su empeño por intentar una política social, ambiental y alimentaria diferente. Durante su mandato, este pueblo se negó a privatizar el agua, se declaró contrario al TTIP y a los transgénicos —con un programa de sensibilización sobre “los peligros que tiene perder la propiedad de las semillas”—, y creó empleo en huertos sociales convirtiéndolos en productivos.
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