domingo, 4 de mayo de 2014

Sobre la ley de seguridad y la salud mental. increible lo que nos quieren hacer.

"Manifiesto contra el proyecto de Reforma del Código Penal

Como personas del colectivo de salud mental queremos llamar la atención de
la población general por el Proyecto de Reforma del Código Penal, aprobado
en el Consejo de Ministros el 20/09/2013 y que ha sido remitido a las
Cortes Generales.

Este proyecto vulnera los derechos civiles, cercena las libertades de la
mayoría de la población y atenta contra los preceptos de la Constitución.
Incluso el Consejo General del Poder Judicial considera el proyecto
inconstitucional.

Las nuevas propuestas criminalizan los movimientos sociales y son
especialmente discriminatorias con los colectivos más vulnerables
socialmente, como los  migrantes y las personas con un diagnóstico
psiquiátrico. Además, es incompatible con la convención de la ONU sobre
los derechos de las personas con discapacidad.

Actualmente, en principio, todas las personas somos iguales ante la Ley y
tenemos los mismos derechos, estemos o no diagnosticadas de un Trastorno
Mental. Con los cambios propuestos en el proyecto, explícitamente
dejaríamos de serlo. El nuevo código equipara enfermedad mental con
peligrosidad y tipifica a la persona con trastorno mental como Sujeto
Peligroso.

Asociar el trastorno mental con peligrosidad es una idea prejuiciosa,
porque los hechos la desmienten. Sistemáticamente, la investigación señala
que somos más objeto de maltrato, discriminación y abusos, que no
perpetradores de los mismos.

Entre la pérdida de derechos civiles, podemos mencionar que una persona
podrá ser o permanecer encerrada incluso por delitos que no ha cometido,
en previsión de los que pueda cometer en el futuro. Actualmente, una
persona no puede ser condenada por un acto que no ha realizado. Con la
reforma, la presunción de posibles delitos será motivo de condena.

En el Código Penal vigente, si una persona es declarada inimputable por
motivos de salud mental, no se le puede imponer una pena. En su lugar, se
aplica una Medida de Seguridad, privativa o no de libertad. Usualmente,
consiste en un internamiento psiquiátrico. Pero la duración del encierro
nunca puede ser mayor a la pena que se le hubiese impuesto en caso de ser
imputable. Con el cambio que propone el proyecto, el encierro puede ser
perpetuo. Ya no habrá límite temporal a la reclusión en un centro
psiquiátrico como Medida de Seguridad. Una persona con un diagnóstico de
salud mental que ha cometido un delito, independientemente de la gravedad
de ese delito, puede permanecer en un centro psiquiátrico indefinidamente,
incluso de por vida.

Otra de las medidas de seguridad que contempla el proyecto es la Libertad
Vigilada. En este caso, aunque se acabé el internamiento impuesto, la
vigilancia de la persona continúa. Y, como el encierro, también es
prorrogable de manera indefinida. Hasta ahora, una vez que se cumple el
tiempo equiparable a la pena, la aplicación de las medidas de seguridad
impuestas se acaba. Con el nuevo Código Penal, la Libertad Vigilada se
plantea también como perpetua, violando el principio según el cual las
Medidas de Seguridad no pueden resultar más graves que las penas
aplicables al delito cometido.

Asímismo, otra medida propuesta que profundiza la pérdida de derechos y
libertades se refiere al Tratamiento Médico Forzoso. El proyecto impone
también la obligación de someterse a un tratamiento ambulatorio
involuntario. Como todas las medidas de seguridad antedichas, también
puede ser aplicado a perpetuidad. Actualmente, la negativa de la persona
al tratamiento médico no se considera incumplimiento de las medidas de
seguridad. Con el nuevo código, toda persona diagnosticada que se
encuentre bajo libertad vigilada podrá ser forzada a presentarse de manera
regular y periódica ante un médico, psiquiatra o psicólogo y a medicarse.

En la actualidad ya hay ingresos involuntarios y medicación forzosa, pero
si el proyecto prospera los encierros psiquiátricos ya no serán medidas
tomadas con criterios sanitarias, sino judiciales. Además, la medicación
forzosa se aplicará incluso una vez recibida el alta hospitalaria y las
personas diagnosticadas quedaremos bajo vigilancia de los poderes del
Estado el resto de nuestra vida.

Nos encontramos ante un proyecto de ley basado en prejuicios y
estereotipos discriminatorios, unas decisiones omnipotentes, unos efectos
de poder indeterminables y unos recortes de las libertades individuales y
colectivas que violan los derechos humanos fundamentales.

Teniendo en cuenta que buena parte de los diagnósticos de salud mental se
catalogan como crónicos, la peligrosidad atribuida a estas patologías
también se concebirá como crónica y, con ello, las medidas de seguridad
que se impongan. De este modo, recibir un diagnóstico de salud mental
puede ser una condena a perpetuidad.

Hay que tener en cuenta que, según la Organización Mundial de la Salud, 1
de cada 4 personas pasa, ha pasado o pasará un problema de salud mental.
Además, el abanico de comportamientos considerados patológicos por la
institución psiquiátrica crece día a día. Por lo tanto, cada vez será
mayor el número de personas que se verán expuestas a los efectos perversos
del nuevo Código Penal.

Este anteproyecto, además, no afecta sólo al colectivo de salud mental. En
la situación actual, de crisis y desmantelamiento de la sanidad, se abre
la puerta a que los problemas de salud, y los conflictos sociales en
general, sean, aún más, criminalizados y judicializados por el mismo
sistema que nos enferma.

Teniendo en cuenta que la peligrosidad es un concepto especulativo,
atribuido arbitrariamente y que no necesita basarse en hechos para
aplicarse, puede servir, en un contexto de descontento y contestación
social, para criminalizar y neutralizar la disidencia.

Ante estas reflexiones, exigimos: No regresar a una legislación
franquista, al Código Penal de 1973 o a versiones anteriores y a la
aceptación del control penal de los colectivos socialmente más
vulnerables.

Desde esta preocupación, que esperamos que sea compartida, hacemos un
llamamiento a todos los colectivos y a todas las personas a posicionarse
sin ambigüedades frente a esta nueva agresión contra las libertades y los
derechos fundamentales.

Firman este Manifiesto:

ActivaMent Catalunya Associació — Asamblea de Majaras — Associació
Sociocultural Radio Nikosia — Associació Bipolars de Catalunya —
Associació Emilia Barcelona — Castelldefels Associació de Malalts Mentals
— Associación Grupo de Teatro Imagina — Associació AADDMM Terraferma —
Associació Mentaliza’t — Saräu Associació d’Oci Inclusiu
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